Newsletter Abril 2017

“Cerrar una empresa a través de un procedimiento de liquidación no es el fin del emprendedor, sino que puede significar un nuevo comienzo”

529 Mipymes han utilizado la ley n° 20.720 sobre insolvencia y reemprendimiento, desde que se puso en marcha hace 3 años, cuando vino a reemplazar la ley de quiebras. El Superintendente del ramo, Hugo Sánchez, se refiere a como las empresas de menor tamaño han ido aumentando el conocimiento de esta normativa.


El pasado martes 25 de abril, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento hizo su cuenta pública del 2016, donde comunicó el balance de las personas naturales y empresas que han resuelto sus situaciones económicas, mediante los servicios de este organismo. En el año pasado, 94 micro, 107 pequeñas y 88 medianas empresas se acogieron a los procesos de reorganización y liquidación, para subsanar sus respectivos estados financieros.

La Ley Número 20.720 entró en vigencia en el 2014 y a juicio del Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, ha habido un mayor conocimiento por parte de las Mipymes y de la ciudadanía sobre la labor de este organismo. “Esto se ha visto reflejado en el aumento de procedimientos, lo que va en línea con la socialización que hemos realizado como institución. Hemos hecho charlas y participado en ferias a lo largo de todo Chile, en conjunto con instituciones públicas y privadas, que nos han permitido difundir los beneficios que otorga la ley para los Mipymes. Por lo tanto, hay una correlación entre los niveles de difusión y la cantidad de solicitudes presentadas, las que en el último año aumentaron en un 116% en el caso del total de empresas, alcanzando 754 solicitudes. En la medida que las empresas conozcan los beneficios de la ley, mayormente se inclinarán a utilizarla”, afirmó.

La actual normativa que reemplazó a la ley de quiebras incluyó por primera vez a las personas naturales. También hubo un cambio de nombre para terminar con el estigma de la “quiebra” y fomentar el reemprendimiento, para que las personas y empresas puedan volver a empezar con la ventaja del aprendizaje que ofrece la experiencia.

Para las personas naturales, la Superintendencia ofrece los procedimientos de renegociación de deudas o la liquidación de los bienes personales. En tanto, las empresas pueden someterse a la reorganización, que es un procedimiento judicial a través del cual se propone a los acreedores un acuerdo, que establece una nueva forma de pago de sus deudas y le permite seguir funcionando. La segunda alternativa es el procedimiento de liquidación, la cual posibilita el cierre formal mediante la venta de los bienes de la empresa para el pago de la deuda a sus acreedores.

Sobre las causas del por qué las empresas deben optar por los procesos de reorganización o liquidación, Hugo Sánchez, comentó: “hay distintas situaciones. Puede existir retraso en el pago de facturas, que conlleven un problema de flujo de caja, pero que aun así la empresa tenga suficientes activos para enfrentar sus deudas, por lo que necesita tiempo simplemente para reestructurar sus pasivos. En ese caso, siendo la empresa viable, opta por la reorganización. Obviamente, también hay cambios en el mercado, que provocan que el giro de una empresa no sea viable, debiendo proceder a la venta de sus activos para pagar sus deudas”.

Consultado si las empresas han quedado satisfechas después de haber cumplido los procesos de reorganización o liquidación, respondió que “las cifras dan cuenta de que el balance ha sido positivo. Lo anterior en especial consideración si tomamos como parámetro el crecimiento del uso de la normativa. Los procedimientos de empresas, las reorganizaciones aumentaron un 18% respecto al año 2015, mientras que las liquidaciones de empresas se incrementaron en un 131%, contabilizando un total de 754 procedimientos entre reorganizaciones y liquidaciones durante el 2016”.

Referente al caso de aquellas empresas que no es posible aplicar la Ley 20.720, el Superintendente explica que “existe una figura de preevaluación, orientada a las micro y pequeñas empresas que la rige la Ley 20.416, que permite a personas naturales o jurídicas, cuyas ventas durante los 12 meses anteriores a su solicitud, no excedan la cantidad equivalente a 25.000 UF (descontado el valor correspondiente al impuesto al valor agregado y del impuesto específico que pudiere gravar dichas ventas), una protección financiera hasta por 90 días. A la empresa se le asigna un Asesor Económico de Insolvencias, calificado y fiscalizado por esta Superintendencia, que realiza un estudio financiero y contable de la situación y crisis actual por la cual atraviesa la empresa. Una vez determinadas las razones de sus insolvencias, buscará los lineamientos y acuerdos respecto de sus compromisos y deudas que la empresa mantiene con terceros, definiendo si ésta puede o no reorganizarse”.

Sobre las empresas que pueden desconfiar de esta ley y elijan el cierre informal, el Superintendente señaló que “éste trae como consecuencia una serie de hechos negativos para las empresas porque los intereses que se generan por los créditos impagos siguen aumentando, al igual que la deuda; asimismo, se limita el acceso al crédito, al quedar registrados como deudores; a su vez se deterioran las relaciones comerciales con los proveedores; no se resuelve la situación laboral de los trabajadores. Además, el no pago de los impuestos asociados a la empresa y el no término de giro de la misma, no permite reemprender”.

Especificó que “la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento otorga herramientas a quienes por diversas causales no pueden hacer frente a sus obligaciones, ya sea porque sus activos líquidos son menores a sus pasivos exigibles, o bien derechamente porque cayeron en cesación de pagos. El procedimiento de reorganización está orientado a aquellas empresas que se encuentren en un estado de crisis económica, pero pueden dar cumplimiento a las obligaciones con sus acreedores. De esta forma, la empresa dispondrá entre otros puntos, de una protección financiera concursal hasta por 90 días, tiempo suficiente para negociar con sus acreedores. La liquidación voluntaria, es un procedimiento judicial que permite la venta rápida y eficiente de los bienes de la empresa, con el objeto de pagar a sus acreedores. Los beneficios de acogerse a esta ley están dados, por plazos acotados que permiten a los deudores subsanar su situación financiera, extinguiendo el saldo insoluto de las deudas e incentivando la creación de nuevos emprendimientos”.

Concluyó que “el concepto de reemprendimiento entiende la insolvencia como una oportunidad de aprendizaje y mejora para el emprendimiento fallido. Cerrar una empresa a través de un procedimiento de liquidación no es el fin del emprendedor, sino que puede significar un nuevo comienzo, partiendo de cero, pero con la experiencia acumulada”.

Más información en www.superir.gob.cl


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