Newsletter Julio 2014

¿Qué nuevas oportunidades ofrecerá la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento?

Terminar con el estigma asociado a la quiebra, solucionar la crisis financiera y el sobreendeudamiento, además de facilitar el pronto reinicio de nuevos negocios son los principales beneficios que persigue este organismo. Su Superintendenta, Josefina Montenegro, dio a conocer las funciones y servicios que la entidad prestará a las empresas y personas naturales, cuando entre en vigencia la Ley el próximo mes de octubre.

En abril inició sus actividades la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR), dependiente del Ministerio de Economía, y formada gracias a la Ley N° 20.720 sobre reorganización y liquidación de activos de empresas y personas, que comenzará a regir desde el 9 de octubre de 2014, luego de su total implementación.

Reemplaza a la Superintendencia de Quiebras y el renovado nombre obedece a uno de los objetivos de la nueva ley que consiste en avanzar hacia un cambio cultural, que ya no se perciba negativamente los fracasos inherentes a la actividad económica y que se aprenda a abordar la insolvencia a través de mecanismos jurídicos que permitan regularizar dicha situación y propiciar el reemprendimiento. También se constituirá como un servicio público presente en cada una de las regiones de Chile.

Josefina Montenegro, abogada y Superintendenta a cargo de esta institución, detalló las funciones de la SIR: “actuará como facilitadora de los acuerdos entre la persona deudora y sus acreedores, a través de este procedimiento administrativo y gratuito. Asimismo, la nueva ley moderniza las facultades fiscalizadoras, establece un marco sancionatorio más claro, lo que nos permitirá ejercer de mejor manera nuestro rol”.

Josefina Montenegro comentó que en la actualidad el promedio de quiebras declaradas anualmente (según registro entre 2006 y 2013) es de 140, “por lo que sólo un 7% del universo de empresas con problemas de liquidez se someten al sistema concursal formal. Lo anterior permite concluir que la gran mayoría de los deudores en crisis financieras simplemente cierran su emprendimiento informalmente, con todas las consecuencias y desventajas que esto conlleva”.

Añadió que “esperamos que con la entrada en vigencia de la Ley 20.720, y considerando todos los incentivos que dicha normativa contiene, aumente gradualmente el uso del sistema, incrementándose en un 20% los procedimientos concursales que se vayan a efectuar”, precisó.

Destacó que dicho aumento no tendría que observarse con una mirada negativa, pues constituirá mayor participación en procesos que ofrecen una solución real, tanto a deudores como a acreedores para resolver situaciones de crisis patrimonial.

La importancia de la Superintendencia para las Personas Naturales y MIPYMES

La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento proporcionará atención de público en su sede central y en cada una de las regiones a través de sus coordinadores que se ubicarán en las dependencias del Instituto de Previsión Social (IPS). “Así todos los ciudadanos podrán acercarse y consultar respecto de la nueva Ley 20.720 y sobre su situación particular”, valoró la abogada.

Hizo hincapié en que “entendemos que es difícil para una micro y pequeña empresa que se ve enfrentada a una crisis financiera calificar oportunamente si su negocio es o no viable, especialmente cuando se trata de emprendimientos familiares, en los que prima la necesidad de garantizar el sustento del hogar. Lo anterior, muchas veces obliga a financiar los costos operacionales con créditos caros o informales, con lo cual se puede retrasar la apertura de un procedimiento concursal, pero a costa de empeorar su situación. Asimismo, evitan someterse al sistema formal de cierre (hoy quiebra) por cuanto confunden su emprendimiento con su patrimonio personal y temen verse obligados a responder personalmente por las deudas contraídas. Cuando se enfrenta una crisis financiera, es clave entrar al sistema concursal formal oportunamente. Unos de los importantes beneficios que contiene la nueva Ley 20.720, es que incentiva a los deudores a participar de los procedimientos concursables de reorganización y liquidación, en forma temprana y no cuando ya no hay solución”.

En efecto, la ley posibilita la reorganización de empresas aún viables, a través de mecanismos para la reestructuración de sus deudas y cancelarlas gracias a un acuerdo suscrito entre las empresas y sus acreedores, procedimiento que es llevado por un veedor.

También la ley considera la participación de consumidores personas naturales, para que éstas puedan repactar sus deudas, actuando la Superintendencia como facilitadora.

En tanto, para las personas naturales y las empresas que ya no tienen alternativa de recuperación y se muestran insolventes, se presenta la opción de un procedimiento eficiente llevado a cabo por un liquidador, para la liquidación de activos de las empresas y personas naturales, en un plazo no superior de 12 meses para empresas y 8 meses para personas naturales.

La Superintendenta enfatizó que “cabe destacar que el artículo undécimo de la Ley 20.416 (Estatuto Pyme) presenta un procedimiento extrajudicial alternativo para el deudor, aplicable a empresas en situación de insolvencia o próximas a entrar en insolvencia, en virtud del cual un profesional habilitado por la Superintendencia, denominado asesor económico de insolvencias, realiza un análisis de la situación económica, financiera y contable de la empresa, igualmente, aconseja al emprendedor sobre qué caminos conviene seguir y bajo qué parámetros, otorgando eventualmente un certificado de insolvencia, validado por esta Superintendencia, que suspende, entre otros, los apremios por incumplimiento de obligaciones pecuniarias de la empresa, embargos y solicitudes de quiebra hasta por 90 días”.

Punto importante es que la ley incorpora normas que aseguran el pago de finiquitos de los trabajadores y se tipifica como nueva causal de término de contrato de trabajo que el empleador esté sometido a un procedimiento concursal de liquidación.

Josefina Montenegro acentuó el tema del reemprendimiento. “La SIR entregará herramientas que permitan al deudor reconocer oportunamente su situación de crisis, a través de procedimientos de reorganización efectiva o de liquidación rápida, permitiéndole así levantarse nuevamente. Se crean procedimientos eficientes, con plazos acotados. En caso de liquidación, una vez vendido el activo y terminado el procedimiento, se producirá la extinción legal del saldo insoluto de la deuda, por lo que el deudor se entenderá rehabilitado para todos los efectos legales en menos de 12 meses y podrá iniciar un nuevo negocio, contando con mayor experiencia. En el caso de las microempresas ese plazo es aún menor, ya que el proceso de venta de sus activos deberá llevarse a cabo en un período de 4 meses, permitiendo a una microempresa reemprender después de 9 meses desde que se declaró su liquidación”, concluyó la Superintendenta.


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