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Los riesgos de una reforma de pensiones Imprimir Correo electrónico
Lunes 31 de Diciembre de 2018

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Tras meses de espera, el gobierno finalmente presentó un proyecto de reforma al sistema de pensiones. Entre sus principales medidas destaca un importante aumento de beneficios en el pilar solidario, el alza de la cotización en un 4% administrado bajo un nuevo tipo de ahorro y la modificación de las reglas de competencia e inversiones. Una iniciativa ambiciosa que requerirá de un acuerdo amplio para tener éxito en el Congreso.

Toda reforma al sistema debe tener en cuenta que para mejorar las pensiones debemos ahorrar más, ya sean los particulares o el Estado. Para ello, no existen atajos ni balas de plata. Segundo, es importante que exista una identificación clara del derecho de propiedad de los ahorros de los contribuyentes, individuales o solidarios, con el objeto de evitar que sean utilizados para otros fines. Tercero, que el sistema tenga una cobertura lo más amplia posible no sólo respecto de los beneficios, sino también sobre los cotizantes. Es fundamental que existan obligaciones claras e incentivos adecuados para la contribución durante la edad activa. Por último, el sistema debe tener un componente solidario y/o de seguro importante.

Sin discutir el diseño de la reforma, cabe preguntarse si se cumple 100% con el objetivo de ahorrar más para tener mejores pensiones. Si el costo, según el gobierno, es de 1.2 puntos del PIB y será financiado con mayores ingresos futuros (holgura fiscal), pareciera que la respuesta es no. La alternativa elegida impondrá importantes presiones a futuro, más aún si la reforma tributaria en tramitación rebaja la recaudación fiscal. Además, el mejoramiento del pilar solidario no genera claros derechos de propiedad para quienes participen del sistema, lo que pone en riesgo su adecuado uso.

Otro tema es la forma en que se aborda la competencia en el proyecto. Primero, partiendo por lo positivo, se fortalece el sistema de licitación, ampliándose el plazo en que los nuevos contribuyentes deberán mantenerse en la AFP que se adjudica la licitación. Además, se facilita la participación en esta licitación al perfeccionar el mecanismo para determinar el techo de la tarifa que se puede ofertar.

Segundo, se amplían los potenciales participantes en la administración del actual 10%, al permitir la entrada a filiales de Cajas de Compensación y Cooperativas. La mayor participación es buena, pero debemos cuidar al máximo la gobernanza de las instituciones que se hagan cargo de los recursos previsionales. Las Cooperativas reguladas por la CMF y, en mayor medida, las Cajas de Compensación, han tenido importantes problemas de gobernanza, sus productos no tienen bajos costos, y han sufrido quiebras por problemas de administración en los últimos años. En la misma área, al rebajar los requerimientos de encaje ayuda a la entrada de mayores participantes. Con todo, un menor encaje desalinea los intereses de la AFP con los de los afiliados. El encaje, de propiedad de las AFP, debe invertirse tal como los fondos de los afiliados, siguiendo la misma suerte de la rentabilidad. Con esta propuesta, la AFP se verá menos expuesta a los resultados de inversión del afiliado, desalineado los intereses de ambos. Unido a lo anterior, la rebaja del encaje también genera una liberalización de recursos muy importante para las actuales AFPs, lo que significará una ganancia importante para estas y/o una mayor capacidad para captar más fondos previsionales, beneficiando a las actuales administradoras.

El último punto para favorecer la competencia y la entrada de nuevos actores es la posibilidad de que el 4% adicional de cotización sea administrado por Administradoras Generales de Fondos con políticas de inversión flexibles, a la medida de los trabajadores afiliados. Este cambio levanta una serie de preguntas. ¿Por qué estas instituciones deben tener distintas reglas de inversión? ¿no se complejiza aún más la evaluación por parte de los afiliados? Como afiliados ya es difícil definir cuál es la mejor AFP para nuestros ahorros previsionales, por lo que elegir una segunda institución con políticas de inversión más complejas y diversas (sin un claro punto de comparación) y forma de pago distinta afectan nuestro poder de discernimiento. De acuerdo a lo que plantea el Premio Nobel Peter Diamond, esto no es una buena idea. Facilita la segmentación, aumenta los costos de búsqueda y de entendimiento del sistema para los afiliados, hace que el sistema sea más caro y crece la posibilidad de que se creen productos con diferenciaciones poco relevantes para un producto obligatorio, que facilita el cobro de mayores comisiones al fondo.

Estos son sólo dos temas de alto impacto de la reforma estructural que impulsa el actual Gobierno, cuya tramitación será larga y compleja, y requerirá de mucha voluntad de acuerdo. El Ejecutivo debe tener claro que la iniciativa, al igual que la reforma tributaria, debe lograr amplios acuerdos para sostenerse y estar dispuestos a pagar importantes costos políticos para llegar a puerto, como antes lo experimentaron los gobiernos de la Concertación.

Por Alejandro Micco, Profesor Facultad de Economía y Negocios U. de Chile.

Pyme Columnas

 

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